El dumping social entra dentro del juego de lo que se denomina empresas buzón lo que crea competencia desleal en el transporte por carretera.

Cuando hablo del Dumping social me  refiriero a las prácticas  que tienen ciertas empresas con sus conductores, y consiste en condiciones precarias y salarios más bajos que la competencia para así forzar que cesen del mercado y haya un aprovechamiento adueñándose del mercado.

Siempre se hablado de empresas deslocalizadas a nivel europeo, (empresas buzon) en lo que se refiere a nivel nacional es poco mencionado, y en este sentido se basa en lo mismos factores ya que hay 52 convenios colectivos de transporte por carretera con sus respectivas tablas salariales y diferencias exgeradas de salario entre unos convenios y otros. Algunos de estos convevios bloqueados por grandes asociaciónes, y sindicatos sin ningún poder de fuerza.

No todas las empresas operan del mismo modo, algunas quedan que quieren hacer las cosas bien, pero el contagio es continuo, las malas contagian a las que no lo son. La táctica de operar que tienen estas “empresas buzón” es de abrir una oficina o ni siquiera abrir oficina, creando una sociedad para acogerse al convenio de esa provincia, donde
son muy inferiores los salarios porque aún rige lo del nivel de vida, no es lo mismo vivir en Valencia que en Castellón, o en Madrid que en Guadalajara.

Esta mala práctica fue denuncia ante la Inspección de Trabajo por los sindicatos en el año 2019 en la provincia de Valencia (empresas que no operan en el lugar donde tienen su sede social), denominadas “empresas buzón”. Si bien recordamos que el Tribunal Supremo unificó doctrina estableciendo que el convenio de aplicación es el del lugar en el que se desarrolla la actividad, y no donde a la compañía le de la real gana domiciliar su sociedad” para pagar menos salario y Seguridad Social.

Empresas que pagan a sus conductores operando en el puerto de Valencia con salarios de 460 euros inferiores al convenio provincial de Valencia

Pongo este caso en concreto porque es el ámbito donde trabajo desde hace años, en el puerto de Valencia, y dentro de unos límites conozco. A día de hoy y desde hace años atrás sean multiplicado las empresas del sector de transporte que operan en la provincia de Valencia, en concreto en el Puerto de Valencia y tienen instalado su sede social en Cuenca, Murcia y Castellón con el objetivo de pagar menos salarios y Seguridad Social, puesto que los salarios de estas provincias pueden rondar alrededor de 380 a 460 euros al mes por debajo a lo estipulado en las tablas salariales del convenio colectivo de transporte por carretera de Valencia, lo que conlleva a unos 170 euros por mes que dejan de pagar a la Seguridad Social.

Empieza una empresa y como si fuera un efecto dominó van surgiendo otras empresas, donde ven el negocio en los costes salariales y el no pagar a la Seguridad Social, y así sumándose otros sucesivamente, donde a dar lugar a una competencia desleal a costa de los salarios de los conductores y no a una rentabilidad del negocio.

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